En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 8 de abril de 2001, Toledo obtuvo el mayor número de votos (36,6 %), seguido por Alan García -populista de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA)-, con el 25,8 %, y Lourdes Flores (Unidad Nacional, de derecha), con el 24,1 %. La campaña de descalificaciones se mantuvo hasta la segunda vuelta, celebrada el 3 de junio, en la que Toledo se impuso con el 52,6 % de los votos. García logró el 47,4, % y los votos en blanco y nulos sólo alcanzaron el 13,2 %, por debajo del 15 % habitual.
En el Congreso, Perú Posible se convirtió en la primera fuerza (40 diputados), pero muy lejos de la mayoría absoluta (61). Alejandro Toledo tomó posesión de la jefatura del Estado en Lima el 28 de julio, con un llamamiento a todas las fuerzas políticas para aplicar un programa de reconstrucción nacional y de entendimiento con las instituciones financieras internacionales, comprometiéndose a combatir la pobreza y a ser implacable con la corrupción. Al día siguiente se trasladó a la ciudadela andina de Machu-Picchu, donde dio gracias a los espíritus, entroncó simbólicamente el comienzo de su mandato con el pasado inca y proclamó «el nuevo amanecer» de Perú. Fue la consagración de un indio que supo triunfar en el mundo de la cultura estadounidense, la alta tecnología y la globalización económica.
La popularidad de Toledo y el respaldo de la base social que lo aupó a la presidencia comenzó a fragmentarse poco antes de cumplir su primer año de Gobierno, cuando tuvo que enfrentar una grave crisis política por las violentas protestas que se desencadenaron en Arequipa, tras el anuncio de privatización de dos compañías eléctricas. Durante la campaña electoral, Toledo se había comprometido con la población regional a no privatizar Egasa y Egesur si alcanzaba la presidencia pero, finalmente, la empresa belga Tractebel formalizó la compra.
Para frenar la revuelta social, el máximo mandatario del país decretó el estado de excepción en el departamento sureño y finalmente tuvo que firmar un acuerdo con las autoridades locales -Acta de Arequipa- en el que se comprometía a suspender las privatizaciones hasta que el poder judicial resolviera los recursos interpuestos. No obstante, la solución de la crisis provocó la dimisión del ministro del Interior y obligó a Toledo a poner en marcha una nueva etapa de recomposición de su proyecto político.
También los pequeños productores madereros del departamento de Madre de Dios iniciaron una campaña de protestas contra el Gobierno para exigir la anulación de las concesiones forestales otorgadas a la empresa privada. Las manifestaciones se prolongaron durante una semana y se saldaron con numerosos incidentes. Para retomar la iniciativa política y mejorar la deteriorada popularidad de su mandato, Toledo optó finalmente por una remodelación de su Gobierno.
El presidente peruano volvió a enfrentar una nueva situación crítica en la primavera de 2003. Los gremios de maestros, agricultores, empleados de la sanidad pública y del poder judicial se declararon en huelga indefinida para reclamar mejoras salariales y paralizaron la actividad del país durante varias semanas.
Ante la amenaza de caos social y con el objetivo de frenar la oleada de protestas sindicales que habían logrado movilizar a casi dos millones de personas, el 27 de mayo Toledo decretó el estado de emergencia por un periodo de 30 días. Por otro lado, la reconstitución de Sendero Luminoso, que reapareció en escena con un breve y multitudinario secuestro de 71 trabajadores, agravó el delicado momento político del equipo de Gobierno de Toledo. El presidente anunció entonces su decisión de no presentarse a la reelección en los comicios de 2006 y designó nueva jefa del Gabinete a Beatriz Merino.
Durante el mes de noviembre, la crisis volvió a sacudir los cimientos del Ejecutivo peruano y llegaron las renuncias de los titulares de Comercio, Exteriores y Defensa. Incapaz de estabilizar el engranaje de su equipo de Gobierno, antes de acabar el año el presidente solicitó la dimisión de todos su ministros. Con un descenso vertiginoso de popularidad y serios problemas internos en su partido, Toledo cumplía la primera mitad de su mandato presidencial.
En los primeros días de febrero de 2004, el presidente dio por zanjada la crisis con el nombramiento de un nuevo Ejecutivo, integrado mayoritariamente por independientes y sólo tres militantes del partido oficialista Perú Posible; entre ellos, el primer ministro Carlos Ferrero. Pero sus intentos por reconducir el rumbo político del país no fructificaron y antes del verano, dos pesos pesados de su Administración, los ministros de Interior y Agricultura, dimitieron envueltos en sonados escándalos.
Sus iniciativas de índole económico tampoco fueron bien recibidas y, el 14 de julio de 2004, fueron contestadas de forma mayoritaria en las calles peruanas con una huelga general. Ese mismo mes, la formación oficilialista Perú Posible fue objeto de denuncia por un presunto delito de falsificación masiva de firmas para cumplir, en los orígenes del partido, con los requerimientos de inscripción de las autoridades electorales.
Las amenazas de desestabilización política se sucedieron con peligrosa frecuencia en los meses siguientes y la celebración de la llegada del nuevo año guardaba aún desagradables sorpresas para el presidente Toledo. El 1 de enero de 2005, un nutrido grupo de ex militares ultranacionalistas se sublevó en Andahuaylas, al sur del país, y exigió la renuncia del jefe del Estado como condición para deponer las armas.
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Toledo decretó el estado de emergencia en la zona y envió efectivos policiales para frustrar la rebelión. La aventura insurgente concluyó cuatro días después con la detención del líder rebelde y un balance de seis muertos, cuatro de ellos policías. La asonada también forzó la salida del Gobierno del ministro del Interior y obligó al Ejecutivo del primer ministro Carlos Ferrero a sortear las mociones de censura que presentó la oposición en el Parlamento.
Antes de concluir el mes, el presidente Toledo fue testigo del arresto de su hermana, Margarita Toledo, acusada de participar en el caso de la falsificación de firmas para el partido. Iniciado el mes de mayo, la comisión parlamentaria que investigó este presunto fraude acusó al presidente, como coautor, de los delitos de asociación para delinquir y contra la fe pública y solicitó la aplicación de sanciones penales y constitucionales. El Congreso rechazó finalmente iniciar un juicio político contra Toledo aunque el caso continuó abierto en los tribunales ordinarios.
El Ejecutivo peruano volvió a padecer otra situación de crisis durante los primeros días de agosto tras la decisión del presidente de nombrar ministro de Exteriores a Fernando Olivera, político controvertido e impopular, ex embajador en España y fundador del Frente Independiente Moralizador (FIM); principal aliado del gobernante Perú Posible y enemigo declarado de la opositora Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). La designación de Olivera provocó la renuncia inmediata e irrevocable del jefe del Gabinete, Carlos Ferrero, y un rechazo sin precedentes en la comunidad política.
Toledo tuvo que desdecirse para conjurar la peor crisis de su mandato y anunció una remodelación de su Gobierno en la que quedó descartada la presencia de Olivera. Pese a la rectificación, la popularidad del presidente descendió en picado. El 16 de agosto de 2005, Toledo puso fin a la enésima crisis de su Gabinete con la designación del titular de Economía, Pedro Pablo Kuczynski (conocido popularmente como PPK), como nuevo jefe de Gobierno.
La pretensión de Toledo de descentralizar el Estado, una vieja aspiración que puso en marcha desde el comienzo de su gestión con la elección de presidentes regionales, tampoco encontró el respaldo necesario entre la población. El 30 de octubre de 2005, la mayoría de los peruanos manifestó en referéndum su oposición al plan gubernamental de establecer en el país "macrorregiones" con mayor peso político y más autogestión presupuestaria.
Con este bagaje a cuestas, las aspiraciones de Perú Posible de renovar mandato presidencial eran más que limitadas y el candidato oficialista Rafael Belaúnde, hijo del ex presidente Fernando Belaúnde, apenas lograba despegar en las encuestas de intención de voto. No hubo siquiera opción de comprobar la capacidad de reacción del candidato porque el primer día de febrero de 2006 Belaúnde informó al presidente Toledo de su renuncia; una decisión que dejaba al partido gobernante fuera de la lucha en las presidenciales. Los comicios se resolvieron en segunda vuelta el 4 de junio con la victoria del ex presidente Alan García sobre el nacionalista Ollanta Humala.
En el Congreso, Perú Posible se convirtió en la primera fuerza (40 diputados), pero muy lejos de la mayoría absoluta (61). Alejandro Toledo tomó posesión de la jefatura del Estado en Lima el 28 de julio, con un llamamiento a todas las fuerzas políticas para aplicar un programa de reconstrucción nacional y de entendimiento con las instituciones financieras internacionales, comprometiéndose a combatir la pobreza y a ser implacable con la corrupción. Al día siguiente se trasladó a la ciudadela andina de Machu-Picchu, donde dio gracias a los espíritus, entroncó simbólicamente el comienzo de su mandato con el pasado inca y proclamó «el nuevo amanecer» de Perú. Fue la consagración de un indio que supo triunfar en el mundo de la cultura estadounidense, la alta tecnología y la globalización económica.
La popularidad de Toledo y el respaldo de la base social que lo aupó a la presidencia comenzó a fragmentarse poco antes de cumplir su primer año de Gobierno, cuando tuvo que enfrentar una grave crisis política por las violentas protestas que se desencadenaron en Arequipa, tras el anuncio de privatización de dos compañías eléctricas. Durante la campaña electoral, Toledo se había comprometido con la población regional a no privatizar Egasa y Egesur si alcanzaba la presidencia pero, finalmente, la empresa belga Tractebel formalizó la compra.
Para frenar la revuelta social, el máximo mandatario del país decretó el estado de excepción en el departamento sureño y finalmente tuvo que firmar un acuerdo con las autoridades locales -Acta de Arequipa- en el que se comprometía a suspender las privatizaciones hasta que el poder judicial resolviera los recursos interpuestos. No obstante, la solución de la crisis provocó la dimisión del ministro del Interior y obligó a Toledo a poner en marcha una nueva etapa de recomposición de su proyecto político.
También los pequeños productores madereros del departamento de Madre de Dios iniciaron una campaña de protestas contra el Gobierno para exigir la anulación de las concesiones forestales otorgadas a la empresa privada. Las manifestaciones se prolongaron durante una semana y se saldaron con numerosos incidentes. Para retomar la iniciativa política y mejorar la deteriorada popularidad de su mandato, Toledo optó finalmente por una remodelación de su Gobierno.
El presidente peruano volvió a enfrentar una nueva situación crítica en la primavera de 2003. Los gremios de maestros, agricultores, empleados de la sanidad pública y del poder judicial se declararon en huelga indefinida para reclamar mejoras salariales y paralizaron la actividad del país durante varias semanas.
Ante la amenaza de caos social y con el objetivo de frenar la oleada de protestas sindicales que habían logrado movilizar a casi dos millones de personas, el 27 de mayo Toledo decretó el estado de emergencia por un periodo de 30 días. Por otro lado, la reconstitución de Sendero Luminoso, que reapareció en escena con un breve y multitudinario secuestro de 71 trabajadores, agravó el delicado momento político del equipo de Gobierno de Toledo. El presidente anunció entonces su decisión de no presentarse a la reelección en los comicios de 2006 y designó nueva jefa del Gabinete a Beatriz Merino.
Durante el mes de noviembre, la crisis volvió a sacudir los cimientos del Ejecutivo peruano y llegaron las renuncias de los titulares de Comercio, Exteriores y Defensa. Incapaz de estabilizar el engranaje de su equipo de Gobierno, antes de acabar el año el presidente solicitó la dimisión de todos su ministros. Con un descenso vertiginoso de popularidad y serios problemas internos en su partido, Toledo cumplía la primera mitad de su mandato presidencial.
En los primeros días de febrero de 2004, el presidente dio por zanjada la crisis con el nombramiento de un nuevo Ejecutivo, integrado mayoritariamente por independientes y sólo tres militantes del partido oficialista Perú Posible; entre ellos, el primer ministro Carlos Ferrero. Pero sus intentos por reconducir el rumbo político del país no fructificaron y antes del verano, dos pesos pesados de su Administración, los ministros de Interior y Agricultura, dimitieron envueltos en sonados escándalos.
Sus iniciativas de índole económico tampoco fueron bien recibidas y, el 14 de julio de 2004, fueron contestadas de forma mayoritaria en las calles peruanas con una huelga general. Ese mismo mes, la formación oficilialista Perú Posible fue objeto de denuncia por un presunto delito de falsificación masiva de firmas para cumplir, en los orígenes del partido, con los requerimientos de inscripción de las autoridades electorales.
Las amenazas de desestabilización política se sucedieron con peligrosa frecuencia en los meses siguientes y la celebración de la llegada del nuevo año guardaba aún desagradables sorpresas para el presidente Toledo. El 1 de enero de 2005, un nutrido grupo de ex militares ultranacionalistas se sublevó en Andahuaylas, al sur del país, y exigió la renuncia del jefe del Estado como condición para deponer las armas.
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Toledo decretó el estado de emergencia en la zona y envió efectivos policiales para frustrar la rebelión. La aventura insurgente concluyó cuatro días después con la detención del líder rebelde y un balance de seis muertos, cuatro de ellos policías. La asonada también forzó la salida del Gobierno del ministro del Interior y obligó al Ejecutivo del primer ministro Carlos Ferrero a sortear las mociones de censura que presentó la oposición en el Parlamento.
Antes de concluir el mes, el presidente Toledo fue testigo del arresto de su hermana, Margarita Toledo, acusada de participar en el caso de la falsificación de firmas para el partido. Iniciado el mes de mayo, la comisión parlamentaria que investigó este presunto fraude acusó al presidente, como coautor, de los delitos de asociación para delinquir y contra la fe pública y solicitó la aplicación de sanciones penales y constitucionales. El Congreso rechazó finalmente iniciar un juicio político contra Toledo aunque el caso continuó abierto en los tribunales ordinarios.
El Ejecutivo peruano volvió a padecer otra situación de crisis durante los primeros días de agosto tras la decisión del presidente de nombrar ministro de Exteriores a Fernando Olivera, político controvertido e impopular, ex embajador en España y fundador del Frente Independiente Moralizador (FIM); principal aliado del gobernante Perú Posible y enemigo declarado de la opositora Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). La designación de Olivera provocó la renuncia inmediata e irrevocable del jefe del Gabinete, Carlos Ferrero, y un rechazo sin precedentes en la comunidad política.
Toledo tuvo que desdecirse para conjurar la peor crisis de su mandato y anunció una remodelación de su Gobierno en la que quedó descartada la presencia de Olivera. Pese a la rectificación, la popularidad del presidente descendió en picado. El 16 de agosto de 2005, Toledo puso fin a la enésima crisis de su Gabinete con la designación del titular de Economía, Pedro Pablo Kuczynski (conocido popularmente como PPK), como nuevo jefe de Gobierno.
La pretensión de Toledo de descentralizar el Estado, una vieja aspiración que puso en marcha desde el comienzo de su gestión con la elección de presidentes regionales, tampoco encontró el respaldo necesario entre la población. El 30 de octubre de 2005, la mayoría de los peruanos manifestó en referéndum su oposición al plan gubernamental de establecer en el país "macrorregiones" con mayor peso político y más autogestión presupuestaria.
Con este bagaje a cuestas, las aspiraciones de Perú Posible de renovar mandato presidencial eran más que limitadas y el candidato oficialista Rafael Belaúnde, hijo del ex presidente Fernando Belaúnde, apenas lograba despegar en las encuestas de intención de voto. No hubo siquiera opción de comprobar la capacidad de reacción del candidato porque el primer día de febrero de 2006 Belaúnde informó al presidente Toledo de su renuncia; una decisión que dejaba al partido gobernante fuera de la lucha en las presidenciales. Los comicios se resolvieron en segunda vuelta el 4 de junio con la victoria del ex presidente Alan García sobre el nacionalista Ollanta Humala.
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